El abogado Ricardo Monzón, explicó por LT11 que la justicia ordenó al Colegio Católico "San Vicente" reinscribir a la joven que sufrió bullying.

En un caso que revolucionó a la comunidad educativa de Concepción del Uruguay, una estudiante del Colegio Católico "San Vicente Paul" fue centro de una batalla legal tras denunciar ser víctima de bullying por parte de sus compañeros.

Lejos de encontrar apoyo en la institución, la joven y su madre se vieron forzadas a buscar ayuda legal para resolver la situación. La institución ya había sido noticia durante 2020 por el hostigamiento a un alumno con retraso madurativo.

La estudiante, cuyo nombre se mantiene en el anonimato, había experimentado episodios de hostigamiento desde el año 2022; según lo expresado en un fallo judicial reciente. Los ataques incluían exclusión de grupos de WhatsApp, burlas en redes sociales como TikTok y apodos despectivos; todo ello mientras la joven lidiaba con una enfermedad de su madre.

Ante la falta de respuesta y acción por parte de las autoridades escolares, la madre de la estudiante decidió tomar medidas legales. Bajo la representación del abogado Ricardo Monzón de Gualeguay, presentaron una medida autosatisfactiva ante el Juzgado Civil y Comercial de Concepción del Uruguay, a cargo de la magistrada Sonia Rondoni Caffa.

La resolución judicial emitida esta semana fue contundente. La jueza ordenó al colegio que reinstalara a la estudiante para el ciclo lectivo 2024 y entregar a la madre los recibos de pago de cuotas realizados durante el año 2023. Este fallo marca un precedente en la provincia, sentando un mensaje claro sobre la responsabilidad de las instituciones educativas en la protección y bienestar de sus estudiantes.

El caso revela una triste realidad en la que la víctima del acoso escolar se vio abandonada por las autoridades del colegio de gestión católica, quienes, según el fallo, intentaron encubrir los hechos y hasta promovieron la expulsión de la estudiante. La madre de la joven describió un largo camino de desatención y maltrato por parte de la institución, lamentando la falta de intervención de las autoridades educativas pertinentes.

En respuesta al fallo, la responsable legal de la menor expresó su deseo de recibir disculpas por parte del máximo responsable de la institución, Monseñor Héctor Luis Zordán, destacando el daño irreparable causado por la negligencia y el comportamiento contrario a los principios que se esperaría de una institución católica.