En una reciente entrevista con el senador por Tierra del Fuego, Pablo Blanco, se revelaron detalles preocupantes sobre la instalación de un radar en la provincia. Según el senador, la empresa de capitales ingleses e irlandeses obtuvo una licencia para instalar el radar en Tierra del Fuego sin la autorización correspondiente del Ministerio de Defensa y el Ministerio de Relaciones Exteriores. Además, el radar estuvo funcionando durante más de un mes antes de que se suspendiera su instalación. Estas irregularidades y omisiones han generado inquietud y plantean interrogantes sobre la transparencia en el proceso.

La instalación de un radar en Tierra del Fuego, una zona estratégica y de conflicto, ha generado polémica debido a las irregularidades y falta de autorización por parte de las autoridades correspondientes. La empresa, de origen inglés e irlandés, logró obtener una licencia provisoria de la Subsecretaría de Comunicaciones, sin embargo, se omitieron los pasos necesarios que involucraban a los organismos nacionales competentes en temas de defensa y relaciones exteriores. Esta falta de transparencia y las omisiones en el proceso de autorización plantean serias dudas sobre las responsabilidades de las autoridades involucradas.

El caso del radar en Tierra del Fuego evidencia una cadena de silencios y omisiones por parte de las autoridades nacionales y provinciales. La falta de información sobre la instalación del radar, que ya estaba en funcionamiento mientras se hablaba de un proyecto, ha generado desconcierto en la población. Además, la empresa obtuvo energía de la Dirección Provincial de Energía sin tener en cuenta su origen y sin la debida autorización de los organismos pertinentes. Ante esta situación, es fundamental que las autoridades involucradas expliquen y aclaren las responsabilidades, no solo al senador Pablo Blanco, sino a la población en general, en pos de garantizar la transparencia y la defensa de la soberanía.