Micaela García era una joven de 21 años, militante del Movimiento Evita y estudiante de educación física, que fue víctima de femicidio el 1 de abril de 2017 en Gualeguay, Entre Ríos.

La violación seguida de femicidio fue perpetrada por Sebastián Wagner, quien tenía dos antecedentes por abuso sexual y se encontraba en libertad condicional, beneficiado por la Justicia de la provincia de Entre Ríos.

Este hecho evidenció la necesidad de erradicar el paradigma machista sobre los casos de violencia de género que benefician judicialmente a los agresores, y revictimizan a las víctimas. Para lograr una reconfiguración a nivel institucional, se puso en primer plano la importancia de la capacitación en perspectiva de género a los organismos del Estado en sus distintos niveles y jerarquías.

Así es como en el 2019 se sancionó la Ley 27.499 de Capacitación Obligatoria en Género o más conocida como “Ley Micaela”,  que establece la capacitación obligatoria en género y violencia de género para todas las personas que se desempeñan en la función pública, en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación , con el objetivo de prevenir la violencia género y los paradigmas que validan, encubren y sostienen esta violencia.

En junio de ese año, luego de la movilización social y la lucha de su mamá y su papá, la Cámara de Casación Penal de Paraná confirmó la condena a prisión perpetua para Sebastián Wagner.