La propuesta de crear otra bicameral fue presentada a través de un informe en una conferencia de prensa  encabezada por el diputado Leopoldo Moreau; el senador Oscar Parrilli y los diputados Eduardo Valdés y Blanca Osuna.

Allí los legisladores denunciaron que durante el Gobierno del ex Presidente Mauricio Macri hubo un "Estado paralelo, clandestino y secreto que realizó tareas de espionaje sobre 308 personas".

En el informe se afirma que "en el curso de esta investigación han surgido elementos que vinculan de modo sistemático y orgánico a sectores del Poder Judicial por lo que se recomienda a la Cámara de Senadores y a la Cámara de Diputados del Congreso Nacional la creación de una Comisión Bicameral".

El documento solicita que la comisión que se cree "de modo específico examine los vínculos y conductas que un puñado de jueces, fiscales, camaristas y miembros de la Corte desviaron de las normas constitucionales afectando el Estado de Derecho en sus aspectos más esenciales como lo son la vida pública y privada de los ciudadanos, el principio de inocencia, el debido proceso y la defensa en juicio".

En el dictamen que consta de 400 páginas se señaló que "durante el Gobierno que abarcó el período 2015-2019 se utilizó el poder del Estado para implantar un plan sistemático de espionaje político ilegal como método de dominación y extorsión, al mejor estilo de la práctica mafiosa".

Puntualiza que fue "diseñado con premeditación y alevosía y en concurso con los medios de comunicación hegemónicos y el Poder Judicial, avasallaron a cientos de ciudadanos"

"Solamente en el primer año de gobierno de Macri, hubo aproximadamente 170 organizaciones políticas, sociales y gremiales espiadas ilegalmente; al menos 307 víctimas directas confirmadas; 43 intervenciones de los servicios de inteligencia en causas penales", destaca

El informe considera que el "objetivo de la extorsión política y económica era claro: quebrar emocional, económica y políticamente a las víctimas seleccionadas. Se trataba de armar denuncias, difundirlas en los medios de comunicación y repetirlas hasta el hartazgo, creando así un clima de odio, rencor y revancha que justificara la intervención judicial sin que importaran las pruebas y mucho menos el debido proceso y las demás las garantías constitucionales".

Menciona que fueron victimas de ese plan el Instituto Patria; el submarino ARA San Juan; el Servicio Penitenciario; Pablo Barreiro; Fariña-Etchegaray; Juez Carzoglio; BrusaDovat-PDVSA; Atentado contra José Luis Vila; Pedro Etchebest; Dirigentes políticos del Norte Argentino; Gas Natural Licuado - GNL, y la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Detalla que el espionaje ilegal se produjo a través de "células armadas específicamente para ese objetivo ya que se evitó en lo posible la utilización de las estructuras profesionales preexistentes en el Estado".

"Las pruebas son concluyentes: detalladas y pormenorizadas declaraciones y confesiones de varios de los agentes que participaron y que se incluyen en los documentos que acompañan el dictamen.", agrega

Detalla que "en esta investigación se cuentan los testimonios en primera persona, de los agentes de una de las principales células de espionaje ilegal, la que funcionaba en "La Cueva", en la calle Pilar 1460, primer piso B, CABA"

En el dictamen se destaca que "el modus operandi era ablandar, es decir extorsionar moralmente – en su buen nombre y honor - a personas a través de publicaciones, fake news y testimonios armados para que luego declaren en contra de otras, era una de las tantas tareas de las células, coordinadas con ciertos enclaves en el Poder Judicial y sectores del periodismo.

"Por ejemplo: la detención preventiva de familiares para negociar su libertad a través de confesiones bajo extorsión. También hubo seguimiento, hostigamiento e instalación del pánico en la víctima.", se señala en el dictamen.

En el ultimo tramo se afirma que "el parlamento argentino debe ser la voz de nuestros compatriotas que quieren volver a decir NUNCA MAS a estos 'sótanos de la democracia' para asegurarse, definitivamente, vivir en paz y libertad.

En diálogo con Nacional San Martín de los Andes, la Diputada Blanca Osuna afirmó que todo este proceso fue "instigado por Mauricio Macri desde el día uno de su gobierno"

Fuente: www.telam.com.ar