La misma contempla entre otros puntos la construcción de una celda corta de disposición final con todas las previsiones de seguridad de salud pública y preservación del ambiente, cuyo plazo de colmatación tenga como mínimo un año y como máximo dos.

También, fijar en un compromiso público que involucre a todos los actores, incluyendo a los partidos políticos, el compromiso ineludible de utilizar el plazo de colmatación de la celda corta para ubicar y preparar el próximo centro de disposición final de residuos de San Martín de los Andes, con sentido regional y con la participación ineludible de la provincia por medio de su autoridad de aplicación.

Vecinos lindantes al actual vertedero de residuos habían solicitado la intervención de la Defensoría del Pueblo y el Ambiente de San Martín de los Andes, luego de que el ejecutivo anunciara la intención de construir una nueva celda en el vertedero con proyección para seis años, pese a las promesas de campaña que anunciaban el traslado del vertedero a otro predio.

En diálogo con Radio Nacional, Fernando Bravo, Defensor del Pueblo y el Ambiente, describió los puntos de la propuesta de trabajo realizada desde dicho organismo.