Así lo indicó en diálogo con Radio Nacional Beatriz Oñate, Defensora del Pueblo de San Carlos de Bariloche, quien participó de la reunión de la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (Adpra), con representantes del ministerio de Desarrollo Social de la Nación que conduce Carolina Stanley, para solicitar la derogación del decreto 432/97, que dejó sin cobertura a 170 mil personas con algún grado de discapacidad.

El planteo se realizó ante funcionarios de dicha cartera quienes precisaron que en el transcurso de la semana se acreditarán las pensiones dadas de baja, se restituirán todas aquellas quitadas de manera indebida, exceptuando los casos de fallecimiento, renuncia y quienes han accedido a un trabajado registrado.

"Nos parece que lo que están aplicando es un decreto inconstitucional y una medida arbitraria, pero por suerte en la reunión con funcionarios del ministerio de Desarrollo Social, quienes anunciaron que daban marcha atrás con esa disposición", sostuvo Beatriz Oñate.

"Hay personas que están en una vulnerabilidad extrema y esa pensión es de carácter alimentario. La gente se enteraba de que no contaba mas con ese beneficio cuando iba al cajero automático", remarcó.

Afirmó que "esto trasciende una política de un momento determinado, sino como Estado de derecho debemos someternos a los tratados internacionales y a la legislación nacional que nos ampara. Deben realizar el procedimiento como corresponde, no de forma arbitraria y acorde a las normas constitucionales; primeramente notificando a las personas de la revisión que van a hacer".

Oñate manifestó que "básicamente hay que entender que las personas con discapacidad deben ser respetadas en su integridad. La pensión no es un privilegio sino una compensación que les da el Estado porque están en una situación de inequidad respecto de otras, y la idea es generar una igualdad de oportunidades para todos".