La Cámara Federal de Córdoba ordenó que una mujer trans de 30 años, trabajadora sexual, que padece VIH perciba una pensión no contributiva por incapacidad.

Tanto el organismo como el juez de primera instancia le habían negado el beneficio por considerar que no tiene incapacidad laboral. Sin embargo, en segunda instancia el tribunal analizó que, si bien la enfermedad crónica no la invalida en sus capacidades físicas, hay una situación de vulneración. “La incapacidad laboral debe, en ciertos casos, analizarse desde una óptica integral”, dijo la Cámara.

En este sentido, la camarista Liliana Navarro analizó que “desde su infancia atravesó situaciones de carencia económica y contención emocional en su ámbito familiar. Que ejerce, desde su adolescencia, trabajo sexual en la vía pública producto de las situaciones de exclusión social a las cuales ha estado expuesta desde temprana edad, y que resulta su único medio de subsistencia posible”.

También consideró que “este tipo de actividad laboral ha sido el causante de las patologías físicas que la aquejan. Que en la actualidad convive con una amiga en una vivienda precaria compuesta de un ambiente multifuncional sin puertas divisorias ni instalaciones sanitarias y que los escasos ingresos económicos que obtenía con anterioridad a la pandemia, luego de decretado el aislamiento obligatorio, han cesado por completo por la imposibilidad de ejercer su actividad, lo cual la ha llevado a vender objetos personales y solicitar “fiado” en el mercado del barrio a los fines de alimentarse”.

La defensora oficial, Mercedes Crespi, quien patrocinó el amparo, destacó la importancia de este fallo judicial.