El decreto 248 nació en 2017 producto de una obligación por parte de una jueza, a raíz de las fracturas hidráulicas o fracking realizadas a fines de ese año. Se presentaron tres acciones de amparo, y una de ellas tuvo definición, no dando lugar al amparo, sino generando una instancia de reglamentación de esa actividad para futuros proyectos.

Para conocer en detalles la situación de estas presentaciones, dialogamos en Muchas Gracias con el gestor ambiental Eduardo Sosa, quien contó que en ese momento la ONG Oikos fue a la justicia pasando por varias instancias, todas desfavorables, llegando a la Corte Suprema sin que avanzara. Al no tener tratamiento, pasó a la Corte Nacional, quien aceptó evaluarla, pero aún no se expide.

Sosa dijo ante la consulta de Ariel Robert, Emilio Vera Da Souza y Carolina Quiroga que “si veo la tradición de la corte suprema en temas ambientales, le daria la razon a Oikos”, al tiempo que agregó que la corte de nación no va a evaluar la autenticidad del fallo, sino si e ha brindado el servicio de justicia a razón de los demandantes, pero en la práctica no se ha dado.

Muchas instituciones han participado con amparos a lo largo de los años, incluso a funcionarios de gobierno, como Mingorance y Cornejo, pero no avanzó por no haber pruebas concretas, explicó Sosa.

“Para la sentencia de la corte no hay tiempos”, sostuvo el especialista en ambiente, quien ejemplifico con las presentaciones sobre la ley 7722. Creo que la audiencia pública es un avance y va a permitir a la corte tener un termómetro de lo que pasa en la realidad. El fracking no ha resultado tan exitosa como se esperaba, al tiempo que agregó que la ciudadanía ve con malos ojos que se haga algo de prepo y luego se reglamente por un decreto.

“La recomposición ambiental es devolver el estado anterior del ambiente al proceso de contaminación, algo que no es posible”, explicó Sosa. Sin embargo agregó que hay aún otra instancia de acusación, siempre hablando de un sistema judicial complejo.

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