Se promulgó la nueva Ley de Personas Jurídicas de Entre Ríos, una normativa que fue trabajada en conjunto por los Colegios de la Abogacía y de Escribanos, y el Consejo de Ciencias Económicas de la provincia. En este sentido, Lisandro Amavet, director de Personas Jurídicas de Entre Ríos, expresó: “Con esta ley hay una voluntad política del Poder Ejecutivo de jerarquizar el organismo y darle mayor preponderancia”.

El organismo que se jerarquiza a partir del nuevo texto pasará a llamarse “Dirección General de Inspección de Personas Jurídicas y Registro Público”.

La nueva normativa establece que la Dirección General pasa a ser un órgano desconcentrado, que ejerce en forma exclusiva las competencias que la nueva ley le atribuye, con dependencia del Ministerio de Gobierno sólo en cuestiones administrativas.

Además, establece con mayor precisión la naturaleza jurídica del organismo, como así también sus competencias, el ámbito de actuación del mismo, manteniendo el control de legalidad, y las funciones de fiscalización, control y registro sobre las personas jurídicas de la provincia, el que se precisa en cada una de sus figuras.

En cuanto a la modernización, la Ley posibilita a disponer de notificaciones electrónicas en todos sus trámites, como así también los distintos plazos para instar los trámites y resolver, regula el recurso de queja y el silencio como denegatoria a favor del administrado.

Lo novedoso del texto es la creación de un fondo especial propio, a partir de las tasas que se abonan por los trámites que lleva adelante el organismo, el cual posibilitará, incorporar tecnología, informatización y capacitación del personal, con fondos propios.

El nuevo texto, actualiza también la estructura organizativa a los requerimientos de la sociedad actual, establece que estará dirigida por una Dirección General elegida por el Poder Ejecutivo y una Dirección Jurídica y dos subdirecciones , una Jurídica y una de Gestión, los que serán elegidos por concurso de antecedentes y oposición.

Por último, le da jerarquía de ley al Órgano Consultivo Permanente de la gestión integrado por los Colegios de profesionales de la abogacía, de la escribanía y de las ciencias económicas, vinculados al ente.