La Suprema Corte de la provincia de Mendoza analiza un tema que tiene en vilo a la política mendocina: la reelección  de los intendentes.

Ayer se presentó el dictamen de Fiscalía de Estado, que comanda Fernando Simón sobre la enmienda constitucional que limita las reelecciones de los jefes comunales.

Allí se sostiene que hay un “peligro de daño irreparable” para los intendentes, al no tener una sentencia antes de la presentación de candidatos.

Ahora, el Máximo tribunal deberá definir la situación de dos de sus jueces, Mario Adaro y Dalmiro Garay, fueron recusados por su pasado político, para luego definir la cautelar y, eventualmente, el fondo de la discusión.