Gabriela Huenchual, secretaria general del Sindicato de Trabajadores Judiciales del Chubut (SITRAJUCH), en contacto con Radio Nacional Esquel se refirió al comunicado emitido por el gremio judicial ante la causa por la muerte de María Antieco, quien falleciera al caer del ascensor del edificio de Tribunales en el año 2018. Desde el gremio remarcan la injusticia de la situación que atraviesa el trabajador ordenanza Daniel Moreno.
Comunicado
“El pasado 7 de febrero de 2022, dio inicio el Juicio Penal por el fallecimiento de la Sra. Maria Antieco, ocurrido en los Tribunales de la ciudad de Esquel. Lamentablemente, el dia 29 del mes de agosto del año 2018, Maria, cayó por el hueco de uno de los ascensores ubicado en el Edificio de Tribunales. Y a partir de ese momento, comenzó un proceso que debería haber estado dirigido no sólo a dar con las circunstancias que desencadenaron lo sucedido sino además con los responsables de que tan triste acontecimiento haya ocurrido. Cierto es, que es el Ministerio Público Fiscal, el organismo que tiene a su cargo el deber de "investigar los hechos llevados a proceso y determinar responsabilidades. Entendiendo, en esta causa, aquel organismo de la justicia, que la acción típica, antijurídica y culpable (el hecho), debía Imputarse exclusivamente a dos personas, los Sres:
1) ingeniero Luppi y
2) Auxiliar Maestranza Moreno.
Daniel Moreno, nuestro compañero, que en su trabajo dependía directamente en el desarrollo y ejecución de sus labores diarias de la SUPERINTENDENCIA de Tribunales, a cargo de la Oficina Judicial de Esquel. Oficina, que tiene un director que se llama Rodolfo Barroso; quién, para sorpresa de muchos, nunca fue llevado a la causa penal. A pesar de que Fidel Gonzalez, Fiscal General de la Fiscalía de la ciudad de Esquel, trabaja a diario en la justicia; desconoció sistemática y abiertamente, su estructura característica de jerarquías. Proponiendo recaiga la responsabilidad de lo ocurrido, sobre Daniel Moreno. Cómo si el sistema judicial permitiera la autogestión, como si el sistema judicial permitiera trabajar fuera de la supervisión y las pautas brindadas por el superior jerárquico, como si la cuestión especifica y sometida a investigación, hubiese sido una responsabilidad exclusiva y excluyente de nuestro compañero, quien, como se ha dicho, devenía siendo personal de mantenimiento, y NO un especialista en ascensores, categoría inexistente en esta circunscripción judicial y en la OFIJU y que en todo caso solo recibía las órdenes impartidas por el Director. Los trabajadores y trabajadoras que nos desempeñamos en este sistema, no solo respondemos a las directivas impartidas por nuestros superiores jerárquicos, sino que además, una vez desplegadas y llevadas al plano de lo concreto, las mismas son supervisadas y controladas, más aún cuando se trata de manipular elementos de por si peligrosos como ocurre con un ascensor. Cada dependencia Judicial, se encuentra inmersa en este engranaje de jerarquías y el edificio de la Judicatura, donde ocurrió el lamentable hecho que da origen a esta misiva, no escapa al mismo y por el contrario, cuenta con un "encargado", que debió velar por el correcto funcionamiento del ascensor. Y consecuentemente por la seguridad de todos nosotros. EN ESTE SENTIDO, al comienzo del Juicio que venimos referenciado, el hijo de la Sra. Antieco, manifestó ante los medios de comunicación, que considera lamentable que solo se esté Juzgando a dos personas (los sres. Moreno y Luppi) y no a los que realmente hoy tendrían que estar sentados en el banquillo de los acusados. Pareciera que el proceso penal en curso, estuviera direccionado a desligar de responsabilidad a quién realmente la tiene. Y que se pretende se endilgue la misma, a un trabajador que siempre prestó servicios en relación de dependencia, bajo la supervisión, control y dirección de otro, como cualquier trabajador o trabajadora de la justicia. Desde el SITRAJUCH nos solidarizamos una vez más con la familia de María, quien injusta e ilógicamente, encontró la muerte en el lugar más impensado y al que seguramente acudió por ayuda y asesoramiento. Pero no queremos, ni debemos, dejar de remarcar la injusticia de la situación que atraviesa Daniel Moreno, compañero de este Sindicato. Vuelve a consolidarse en nuestros pensamientos con más fuerza que nunca, aquel famoso refrán popular que reza: EL HILO SIEMPRE SE CORTA POR LO MÁS DELGADO. No pretendemos impunidad, todo lo contrario. Al igual que la familia Antieco, queremos que se impute a los verdaderos responsables.”
En tanto el fiscal Fidel González pidió la declaración de responsabilidad del Ing. Juan Carlos Lupi, por considerar que con su revisión y consecuente informe en relación al estado del ascensor del público en los Tribunales de Esquel, tuvo directa responsabilidad con el desperfecto que causó la muerte de María Antieco. El defensor particular Adolfo Pérez Galimberti, cuestionó el alegato fiscal, puso en duda la experticia del perito oficial y desvinculó a su defendido de toda responsabilidad en torno al estado del ascensor.
González calificó el hecho como grave y sensible porque falleció una persona cuya investigación fue compleja y técnica, incluyó una ateria que nunca antes debió abordarse en esta ciudad, es la primera vez que sucede algo así. Tampoco fue simple la intervención forense. Se requirió una segunda autopsia, para la que el cuerpo de María debió ser trasladado a CABA para la intervención del Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia.
Esta resolución judicial en sede penal, es parcial, queda pendiente el juicio en relación al coimputado y la responsabilidad civil. La decisión que se tome en este debate, no se vincula con las otras cuestiones a resolver.
A lo largo de una semana del debate declararon 24 testigos en relación al contrato de Lupi, sus intervenciones, el mantenimiento de los ascensores, el desperfecto que llevó a que la puerta se abriera no estando la cabina, los resultados periciales, entre otras cuestiones.
Se informó que Lupi, presentó un informe con fecha 1 de febrero de 2018 del que surge el estado del ascensor. Del mismo se desprenden calificativos respecto del ascensor del público, tales como “impecable“ “espectacular”. Indicaba el mismo que cerraduras “operan bien” dando cuenta a ojo del observador que el ascensor funciona bien, lo que transmitió tranquilidad a las personas que recibieron el informe: Ferreti, Solitro y Barroso.
González concluye que no estaríamos en este debate, si las condiciones del ascensor fueran las consignadas en el informe del imputado. Citó el fiscal un informe de 2015, en el que Lupi indicaba que para dejar en funcionamiento el ascensor, debió anular provisoriamente el doble contacto de la cerradura, indicando que luego debería ser puesto en funcionamiento por la persona encargada de mantenimiento.
El Ing. Lupi fue acusado de homicidio culposo por negligencia e impericia. “La intención de Lupi no era producir el deceso de Antieco sino dejar funcionando el ascensor parar evitar los reclamos de los usuarios”, indicó el fiscal.
Valorando el hecho como grave, ubicó la pena justa en el tercio más alto de la escala penal prevista y según la combinación de agravantes y atenuantes, concluyó en un pedido de pena de tres años y medio de prisión de ejecución efectiva.
El defensor Alfredo Pérez Galimberti, pidió la libre absolución de su defendido. Cuestionó la argumentación del fiscal, calificó las conclusiones de la acusación de “superficiales” y sin fundamentación suficiente para reclamar la declaración de responsabilidad, indicando que la Fiscalía no probó su caso sino que revirtió la carga de la prueba. El letrado puso en duda la experticia del perito oficial y por lo tanto la relevancia de sus conclusiones. Apuntó en materia de responsabilidad por el hecho a los responsables por el edificio, procurando desvincular a su defendido, indicando que éste pudo realizar sugerencias de mantenimiento y estas no ser ejecutadas por quienes debían hacerlo, basados en consideraciones presupuestarias o de oportunidad. El juez José Luis Ennis dará a conocer su fallo el viernes 18 de febrero.
