La Fiscalía a cargo de Francisco Ramírez Montrull dispuso el archivo provisorio de la causa que investiga el hecho de la muerte del joven Gabriel Gusmán, quien falleció por un disparo que ingresó por la nuca, realizado por personal de la Policía de Entre Ríos, durante un procedimiento en el barrio Capibá hace dos años. José Iparraguirre, abogado de la familia Gusmán, manifestó que no lo sorprendió la disposición por parte de la Fiscalía, por los sucesivos rechazos a los pedidos de declaración de los imputados formalizados desde la querella. “Uno podía vislumbrar este archivo”, dijo Iparraguirre, quien además mencionó que “se puede apelar esta resolución en disconformidad” ante el Juzgado de Garantías. El letrado, indicó que por el contrario “lo sorprende y preocupa, que en la provincia de Entre Ríos se avale la doctrina Chocobar”.

El abogado querellante, recordó que en varias oportunidades se reclamó la indagatoria de los uniformados Oscar Rodrigo Molina y Diego Sebastián Ibalo, pero Ramírez Montrull y el otro fiscal interviniente, Gonzalo Badano, se negaron. El tiroteo ocurrió el 25 de septiembre de 2018 en el barrio Capibá y el expediente fue iniciado ese mismo día, donde el objetivo era investigar las formas y circunstancias en las cuales falleciera Gabriel Nicolás Gusmán, de un disparo de arma de fuego en la nuca. “Lamentablemente en la provincia de Entre Ríos, se avala la doctrina Chocobar, y esto si nos preocupa”, indicó.

Iparraguirre, remarcó que es muy claro el Reglamento General de la Provincia “en determinar en qué circunstancias puede utilizar el arma un funcionario policial y en estos casos, a nuestro entender, se trata de un caso de gatillo fácil y no de una situación de confrontación, y la Fiscalía lo ha entendido de forma contraria”, expresó.

Durante el proceso se investigó el accionar de Oscar Rodrigo Molina y Diego Sebastián Ibalo, funcionarios policiales que intervinieron en el hecho. Ambos fueron demorados durante unas horas en la Alcaidía de Tribunales, pero una caravana de patrulleros policiales con las sirenas encendidas consiguió sacarlos del lugar de detención horas más tarde.

Doctrina Chocobar
La exministra de Seguridad, Patricia Bullrich, elaboró un protocolo que habilita a las fuerzas de seguridad a disparar sobre personas en situación de fuga. También da vía libre para utilizar armas de fuego cuando los efectivos se vean superados en número.
El policía Luis Chocobar está procesado por un crimen que el gobierno de Mauricio Macri legalizó en diciembre de 2018 donde la por entonces, ministra Patricia Bullrich firmó una resolución que autoriza a los miembros de las fuerzas de seguridad a disparar contra quien "se fugue luego de haber causado, o de haber intentado causar, muertes o lesiones graves".

Eso fue, precisamente, lo que hizo Chocobar. El 8 de diciembre de 2017, el policía disparó por la espalda y mató a Pablo Kukoc, de 18 años, quien huía tras asaltar y –presumiblemente– apuñalar a un turista estadounidense en las calles de La Boca. Por esa acción, el propio Mauricio Macri lo calificó de "héroe" y ejemplo a seguir. Pero en octubre pasado, la Corte Suprema ratificó el procesamiento del policía por "homicidio agravado en exceso del cumplimiento del deber". Con la resolución que elaboró el Ministerio, sin embargo, los policías que apliquen la "Doctrina Chocobar" podrán ampararse en el nuevo "Reglamento General para el Empleo de las armas de fuego por parte de los miembros de las Fuerzas Federales de Seguridad" que acompaña la norma.