En contacto con “La juntada”, el abogado Cristian Molina se refirió a los detalles de la causa por el crimen de Cesia Reinaga y el pedido de juicio político a la concejal Velázquez: “este pedido (de juicio político contra la concejal Noelia Velázquez) es una solicitud que realizan como padres damnificados por el femicidio que sufrieron por su hija fundamentado en que la concejal Velázquez tuvo una actividad importante para que no se pueda investigar de manera correcta la causa.

Durante esos dramáticos 9 o 10 días que Cesia Reinaga estuvo desaparecida tuvo una actividad de amedrentamiento a testigos que con el tiempo expusieron en la causa y que de alguna manera empezaron a darle un poquito de tirada a la investigación porque hasta el día 8 de septiembre que aparece Cesia, no había resultado alguno. Pero esta actividad y las distintas omisiones de la concejal Velázquez son determinantes para que durante todo este tiempo la investigación no pudiera avanzar y se escondiera los rastros del terrible crimen que perpetró el hijo menor.

La actividad que desarrolló quedaría como delito de encubrimiento, pero por el hecho de ser la madre del principal involucrado, nuestro código penal establece que queda ajena una persona que tenga parentesco a quien ayuda a encubrir el hecho delictivo; por eso ella no está involucrada en el expediente.

Más allá de que tiene este beneficio en la investigación penal nosotros entendemos de que la responsabilidad política si difiere porque más allá de que ella es la madre del principal acusado ella tiene una responsabilidad muy grande al ser representante del pueblo de Abra Pampa.

El hecho gravoso aquí es que ella desde el mismo día 29 de agosto del 2020 cuando desaparece Cesia y es efectivamente asesinada, ella sabía desde ese mismo día lo que había ocurrido y durante los días siguientes no hizo nada como para esclarecer los hechos.

Diversos testigos incluso familiares le requirieron que entregara a su hijo a las autoridades para que se determinara lo que había pasado. No lo hizo y una de las actitudes más grandes que nosotros consideramos fue el amedrentamiento a testigos por parte de ella como de familiares directos.

La justicia no puede pedir el desafuero, el desafuero corresponde una vez que el funcionario público se encuentre involucrado imputado por un delito por eso el remedio constitucional que tenemos a mano es el pedido de juicio político y posterior destitución.

Los concejales se comprometieron a darle tratamiento (al pedido de juicio político) para formalizar el ingreso de la solicitud juntamente. De ser positivo el dictamen para el andamiaje del juicio político tienen que constituir la comisión investigadora y la comisión juzgadora y la semana que viene nuevamente se estaría llevando en la sesión un pedido de suspensión de las funciones de la concejal, que Samuel y Elizabeth solicitaron en este escrito.

La justicia está investigando todas las líneas de como habría ocurrido el femicidio, el hecho de que ella sea funcionaria pública no le lleva de que la justicia la está investigando, lo que no se puede determinar es que ella esté implicada. Si no hay imputación delictiva no se puede proceder por medio del desafuero por eso se acude al juicio político que lo otorga tanto la constitución de la provincia y la ley orgánica del municipio.

Respecto al menor hubo un pedido de entrega a la madre, que fue rechazado y después un nuevo pedido con condiciones más gravosas están en trámite. Ambas situaciones del menor y de los mayores fueron puestas en conocimiento de los padres de Cesia, al punto que la semana pasada tuvimos audiencia con el fiscal Diego Cusell, donde expresamos nuestro rechazo a la solicitud de la defensa porque consideramos que no existe ningún fundamento entendible o mérito alguno para que estas personas se estén desligando la responsabilidad. Más aún cuando los mayores están privados de su libertad por haber amedrentado a testigos situación que se encuentra acreditada en el expediente esperamos la investigación donde se está produciendo pruebas, queda gente que le falta brindar testimonio y concederle la libertad implicaría un riesgo en el accionar de la justicia. “