“Fuimos a la justicia porque las empresas concesionarias no dan especificaciones de porqué se dieron esos aumentos tan astronómicos en el monto de las cuotas, en mi caso el costo inicial del auto en el 2017 era de 400 mil pesos y hoy está en más de 3 millones. La mayoría de los damnificados son personas empleadas públicas, docentes y policías que en total somos más de cinco mil familias en toda la provincia, en el país ese número alcanza a 5 millones. Ya nos reunimos con todos los sectores posibles y fuimos a la justicia que otorgó cautelares, que fueron apeladas por las concesionarias y algunas fueron canceladas. Nosotros sabemos que la solución es a través de una medida política y se debe trabajar en una solución de fondo y para todos. El gobernador nos dijo que hablaría del tema con el presidente Alberto Fernández y que se trataría de encontrar una solución para casos similares en todo el país”, dijo una de las damnificadas.

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El tapón y la rosca | lunes a viernes de 09 a 12 |

Equipo:  Marcela Vaquer, Noelia Moreyra, Néstor Guevara, Paola Escalante, Rubén Di Giuseppe, Diego Rodríguez