Según explicó el doctor Carlos Lombardi, patrocinante de una mujer católica que denunció violencia de género contra un diácono esta es la situación de esa causa. Lo hizo durante el programa Muchas Gracias, en la entrevista que hicieron Ariel Robert, Emilio Vera Da Souza y Carolina Quiroga.
En ese contexto hubo violencia de género institucional, esa demanda civil se presenta en la justicia civil. Se ofrece como prueba el expediente canónico y cuando la justicia ordena al arzobispado que presente ese expediente, se lo niegan.
Como consecuencia del no envío del expediente, es que la doctora Carolina Jaky presenta la denuncia penal contra el Arzobispo.
“La Iglesia hace valer el enclave jurisdiccional de la Iglesia Católica que funciona en paralelo”, expresó Lombardi.
“El caso Próvolo es paradigmático también”, afirmó Lombardi y recordó cómo fue el accionar del investigador de la Iglesia Católica que “en vez de ir a la justicia, convocaron una conferencia de prensa y le comunicaron a la opinión pública y al fiscal Stropiana que no colaborarían”.
En 1966 fue cuando se firmó un tratado internacional por el que el gobierno argentino no puede intervenir en las causas canónicas y así es como impiden la investigación de causas en las que está implicada la Iglesia Católica.
Al recordar el hecho que origina la denuncia en el arzobispado es una relación sentimental entre su representada con un diácono donde hubo violencia de género e incluso la presión para que se practicara dos abortos.
Si el hecho hubiera ocurrido con un hombre que no se escudara en la institución católica, el avance de la causa hubiera sido antes.
Ante la posibilidad de que se derogue ese privilegio, Lombardi explicó que “hay movimientos que han presentado proyectos para avanzar hacia la secularización y que no exista ese vínculo entre el Estado y la Iglesia Católica” y mencionó distintas iniciativas en ese sentido. “Ahí entra la religión de legisladores, legisladoras, funcionarios, jueces y juezas que evitan este avance”, opinó.