Todavía resuenan los ecos de la decisión de los Diputados Nacionales de aumentarse las dietas en treinta mil pesos. Además se incrementaron gastos de representación y de transporte.

Así las cosas, el sueldo bruto ascendió a 137.610 pesos.

El año pasado, en ocasión de otro aumento, se puso nuevamente sobre el tapete el tema de los merecimientos. Las preguntas, recurrentes, pasaron, fundamentalmente, por tiempo de trabajo, asistencia e idoneidad. En su defensa, los parlamentarios alegaron, fundamentalmente, que dejan trabajos personales redituables para cumplir con la función que la ciudadanía les ha encomendado.

Para lo de la idoneidad, alguna que otra tibia respuesta que también despertó interrogantes ¿todos están preparados para la función? La duda no es un despropósito; no se exige como requisito haber estudiado para acceder a una banca. Hoy en día, gente que ha invertido seis, siete o más años de su vida estudiando, capacitándose, no tiene trabajo y, si lo tiene, es precario, informal y mal remunerado.

Aquellos que tienen decidido afrontar las etapas de la carrera política tendrían que estudiar una carrera acorde porque, en definitiva, la política es una profesión.

Es que, por ejemplo, si en su momento los integrantes de las cámaras del parlamento hubieran sido idóneos no habríamos tenido engendros como las leyes de punto final, obediencia debida o convertibilidad que después debieron ser anuladas por otro parlamento. Ni la composición más osada se animaría (ni ahora ni nunca) a proponer cosas como aquellas.

Esos ejemplos históricos robustecieron la duda de la “Independencia de Poderes”; pesó más la disciplina partidaria que no fue otra cosa que hacer lo que el poder ejecutivo quiso. ¿División de poderes? 

Quizás muchos de los parlamentarios merezcan ganar lo que han dispuesto. Quién sabe si no más. La ciudadanía no puede objetivamente evaluarlo; no le llega la información sobre el cometido de cada uno excepto cuando (cada tanto) se difunde el quien más y el quién menos referido a la cantidad de proyectos presentados y/o aprobados. 

Ello es tan cierto como que un aumento de 30.000 pesos es una exageración si tienen en cuenta los salarios generales porque, en definitiva, más allá, mucho más allá, de la división de poderes, la plata que remunera a los que cumplen una función pública de la naturaleza que sea, sale de los mismos bolsillos: los nuestros como contribuyentes.

No era el momento. Sin duda, no.

Por Roberto A. Bravo