El Gobierno neuquino vio frustrado su intento de dar despacho a la nueva Ley de Bosques y deberá esperar a la nueva composición legislativa para debatir la iniciativa, rechazada por varias organizaciones e instituciones de San Martín de los Andes y del resto de la Provincia.

El oficialismo provincial no logró los votos necesarios en la Comisión de Medio Ambiente y tuvo que renunciar al tratamiento "exprés" que tenía como objetivo debatir la norma en la última sesión del actual período legislativo.

Por el Poder Ejecutivo estuvieron el ministro de Producción, Facundo López Raggi, y la subsecretaria del área, Amalia Sapag, quienes argumentaron que la presentación del proyecto en la Legislatura estuvo precedido por un "proceso participativo" que se inició en 2016.

Desde San Martín de los Andes viajó a la capital provincial una nutrida delegación integrada por representantes de las comunidades mapuche Curruhinca y Vera, de la Asamblea Socio Ambiental, la Defensoría del Pueblo y del Ambiente y concejales en funciones y electos.

Los representantes sanmartinenses cuestionaron que no hubo consulta previa ni información específica a las comunidades originarias, tal como establece el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.

También recordaron que, con el cambio de categoría de protección en 70 hectáreas del cerro Chapelco -de amarillo a verde- se priorizó el contrato con la concesionaria del centro de esquí y su proyecto para un desarrollo inmobiliario.

El concejal Martín Rodríguez cuestionó, entre otras cosas relacionadas con el proyecto, que los tiempos que planteaba el Ejecutivo para tratar la norma no eran los adecuados, ya que se trata de una normativa "compleja".

El edil del Frente de Todos señaló que el ministro López Raggi pretendía “de prepo y a las apuradas desproteger nuestros bosques nativos”.

Señaló que cuando el ministro y el director del Bosque Nativo expusieron “las razones por las cuales pretenden cambiar de categoría del bosque nativo del Cerro Chapelco, tuvieron que reconocer que no hay razón técnica, ambiental o ecológica que diga que debemos permitir el desmonte de esos bosques”.

“La única razón es la pretensión de un desarrollo inmobiliario en la zona”, dijo.