La organización social realizó una presentación ante la Defensoría del Pueblo y el Ambiente, solicitando su intervención frente a irregularidades ocurridas en la reciente readecuación de los usos del desarrollo urbanístico conocido como “Vega Chica”, que originalmente fuera habilitado como seminario religioso, establecimiento educativo y lotes para viviendas y locales comerciales en una zona de 44 hectáreas, de las cuales el 65% están declaradas intangibles dado que se encuentra en el humedal de la localidad.
La asamblea entiende que la aprobación del proyecto en el año 2011, suscitó polémica y se considera que el mismo fue el puntapié inicial para empezar a urbanizar la zona de la vega plana, y como consecuencia de esto, el comienzo de la impermeabilización del mallín.
La Ordenanza, que permitió agregar usos residenciales e incrementar la superficie en el ítem "centro administrativo comercial turístico" de dicho proyecto urbanístico, fue sancionada por el Concejo Deliberante el 20 de Octubre del corriente y promulgada por la intendenta el 9 de Noviembre. Tanto el Deliberante como el Ejecutivo se basaron en los informes provenientes de la Secretaria de Planificación y Desarrollo Sustentable, desconociendo esta irregularidad.
En diálogo con este medio, el técnico forestal Marcelo Fernández, integrante de la Asamblea Socio Ambiental, indicó que solicitan al Defensor del Pueblo "ir a fondo con el análisis del expediente", y valoró el hecho político de la jefa comunal de desplazar al funcionario de su gabinete.
