La iniciativa fue presentada por el senador neuquino Guillermo Pereyra, y obliga a las empresas privadas que en su plantel superen los 100 trabajadores, a reservar un 4% de sus plantillas para personas con capacidades diferentes.

El proyecto fue aprobado por amplia mayoría -40 a 4 votos- y sobre tablas en pasada sesión. Los porcentajes requeridos deberán ir cumplimentándose a medida que se generen nuevos puestos de trabajo; y su incumplimiento será considerado discriminación en el empleo o en la ocupación, bajo los términos de la Ley 25.212 del Pacto Federal del Trabajo.

Por otra parte, los empleadores que den cumplimiento con el cupo gozaran de los derechos previstos por la Ley de Discapacidad y su reglamentación deberá prever la adecuación de la plantilla de las empresas alcanzadas por la presente ley.

En diálogo con Radio Nacional, el senador Pereyra afirmó que así como la administración pública tiene su cupo, también debe tenerlo la actividad privada.