Los abogados defensores de los once docentes condenados a prisión en suspenso por el ataque y la toma de la Casa de Gobierno de mayo de 2013 acudirán a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para intentar revertir el fallo dictado en diciembre de 2015 y confirmado la semana pasada por el Superior Tribunal de Justicia de la provincia (STJ).

Tanto para los docentes como para los camioneros, el paso legal para revertir las condenas consistiría en la presentación de un recurso extraordinario federal.

El abogado Francisco Giménez explicó en Radio Nacional, que el planteo de prescripción de la causa se basó en que desde el momento de la condena de diciembre de 2015, transcurrieron más de dos años hasta que finalmente se expidió el Superior Tribunal sobre los recursos de casación.

“Tengo absolutamente claro que los docentes no son funcionarios públicos, sino empleados públicos. Además el Superior Tribunal sostiene que los camioneros fueron condenados como coautores cuando en realidad el fallo no dice eso en ningún lado. Al contrario, los define como autores de delitos menores dentro de la gravedad que tuvieron los hechos en general”, indicó Giménez.