El secretario general de ATE, Carlos Córdoba, dio a conocer por Radio Nacional Ushuaia la decisión de realizar una presentación judicial, ante consultas recibidas por particulares no afiliados al gremio, que habrían sido estafados con la operatoria de las 128 viviendas que construye el IPV.

“Desconozco qué metodología utilizaron para ofrecer las viviendas, pero sé que utilizaban mi nombre para hacer la operación”, dijo, y detalló que “hay personas que entregaron 25 mil dólares, 300 ó 400 mil pesos, por lo que manifestaron. Eso expusimos ante la justicia, pero ninguno tiene pruebas, excepto un señor que hizo todo el proceso por banco, porque vendió un terreno y depositó en el banco, a nombre de dos integrantes de la comisión directiva, que no reconocen haber recibido el dinero”.