San Rafael vio en la Mina de Sierra Pintada una opción en favor de la economía departamental. Y lo fue: se crearon puestos de trabajo y hubo, en buena medida, compre local a partir de 1975.

En parte de la población el hecho despertó hasta euforia, a punto tal que en el arco de ingreso a San Rafael se inscribió la leyenda “San Rafael, tierra del Sol y del Uranio”.

En 1997, tras 22 años, el complejo dejó de operar. Contrario a lo que se dice, o piensa, no fue por cuestiones medioambientales; simplemente obedeció a una decisión del gobierno de Carlos Menem que, en virtud de precios internacionales bajos, sustituyó producción por importación. Miles de toneladas de desechos contaminantes quedaron enterradas en tambores. Todas en sitios cercanos al cauce del Río Diamante.

 Los cuestionamientos ambientales comenzaron en los años dos mil. El primer gran rechazo fue en 2004 cuando la empresa cordobesa Dioxitek anunció que enviaría a San Rafael 58.000 toneladas de residuos de “baja radiación” para su remediación.

 Casi simultáneamente, se advirtió que el gobierno de Carlos Kirchner apostaba a la reactivación de la mina, y creció el rechazo aquí y en General Alvear. La presión de las ONGs encontró eco en la legislatura provincial que sancionó la ley Antiminera (7.722). Fue hace 10 años, ya. Las cámaras del sector plantearon la inconstitucionalidad y la Suprema Corte de Justicia decidió (a fines de 2015) que la norma legal es constitucional. Cayó el telón. Fin de la discusión.

 ¿Fin? El primer artículo de la 7.722 prohíbe el uso de Ácido Sulfúrico que es el que se empleó para separar el mineral de la roca en los Piletones. El mismo compuesto químico debe utilizarse para la remediación. Claro que si contamina, contamina en toda circunstancia. ¿Entonces? Entonces no es casual que no se vislumbre un plan de limpieza.

 El mes pasado, y luego de años de gestión y trabajo, se terminó con el encapsulamiento de las 700 mil toneladas de colas de Uranio depositadas en Malargüe entre 1954 y 1986. La tarea fue posible gracias a un préstamo del Banco Mundial de 30 millones de Dólares. El lugar será parquizado y tendrá monitoreo de la Comisión Nacional de Energía Atómica y la Autoridad Regulatoria Nuclear.

 El ejemplo sureño expresa tiempo y costos importantes, aunque, para nosotros, lo primero será impulsar una remediación para los grises de la Ley Antiminera.

Por Roberto A. Bravo