El periodista Gustavo Bazzan describió el entramado de las irregularidades detectadas en las pensiones por invalidez y expresó: "Se organizó una estructura donde participaban médicos, punteros políticos, intendentes y las propias autoridades de la Agencia de Discapacidad".

"Los fines de semana había prácticamente festivales de pensiones por invalidez", dijo.

En ese marco, consideró que la auditoría anunciada por el Gobierno "es un desafío administrativo importante" y señaló que "la proyección oficial es que de 1.230.000 pensiones, unas 500 mil podrían darse de baja".

Se sospecha que cerca de medio millón de pensiones serían “truchas”, porque para acceder al cobro se cometieron ilícitos en el trámite necesario para conceder la pensión. En otras palabras, se busca identificar a personas que estén cobrando la pensión sin cumplir los requisitos legales para merecerla. Y dar de baja el beneficio. Además de abrir una causa penal. Si se comprueba esta hipótesis, se podría alcanzar un ahorro en el gasto en pensiones de unos 100.000 millones de pesos por mes.