Lo dijo el abogado constitucionalista, Sebastián Aguirre Astigueta, en diálogo con Radio Nacional. Analizó que en caso de aprobarse la iniciativa que da poder al Presidente para avanzar sobre cuestiones legislativas, el Congreso incumplirá con el artículo 29 de la Constitución Nacional.

Este indica que “el Congreso no puede conceder al Ejecutivo nacional, ni las Legislaturas provinciales a los gobernadores de provincia, facultades extraordinarias, ni la suma del poder público, ni otorgarles sumisiones o supremacías por las que la vida, el honor o las fortunas de los argentinos queden a merced de gobiernos o persona alguna. Actos de esta naturaleza llevan consigo una nulidad insanable, y sujetarán a los que los formulen, consientan o firmen, a la responsabilidad y pena de los infames traidores a la patria”.

Afirmó que la propuesta legislativa quiere volver a 1853 y arrasar con 150 años de historia legislativa posible desde la existencia del Congreso.

En cuanto al mega Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), que entra en vigencia este mismo viernes, afirmó sostuvo que fue armado en estudios jurídicos privados y no tiene número de expediente. Esto sería pasible de una lluvia de amparos durante los meses de vacaciones, y se crearía una “hecatombe jurídica”.

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