Un Decreto del Poder Ejecutivo dispuso que el organismo de control no podrá intervenir en trámites de contrataciones de alta significación económica que realice el Estado.

Así se coarta la capacidad investigativa del Tribunal de Cuentas y se viola lo que indica la Constitución provincial.

Fue a raíz de las complicaciones surgidas en la compra de 30 mil kilos de tela polar por 7 millones de pesos para hacer frazadas.

El Gobernador Gustavo Bordet instruyó a los Ministerios de Economía y Gobierno para que conformen un proyecto sobre qué organismos deben auditar las cuentas públicas, que debería aprobar la Legislatura.