En una nueva audiencia del juicio por crímenes de lesa humanidad en "La Escuelita" de Neuquén, la abogada Natalia Hormazabal, representante del Centro de Profesionales de Derechos Humanos (CeProDH) y querellante por la familia Ragni, compartió detalles sobre el proceso que enfrentan el ex juez federal Pedro Duarte y el ex fiscal federal Víctor Ortiz.

Este juicio, parte de los denominados juicios de lesa humanidad, acusa a Duarte y Ortiz de haber omitido investigar los crímenes cometidos contra 22 personas durante la dictadura militar en Argentina. Se les imputa el delito de incumplimiento de deberes, omisión de justicia y prevaricato en más de 25 hechos.

Las víctimas en su mayoría estuvieron cautivas en el centro clandestino de detención denominado “La Escuelita” de Neuquén, que funcionó en un predio del Ejército bajo el control del Destacamento de Inteligencia 182 y de la VI Brigada de Infantería de Montaña, y más de la mitad de ellas se encuentran desaparecidas.

La particularidad de este caso radica en que los acusados ocupaban cargos relevantes en la justicia durante la dictadura. Duarte, quien era miembro del Ejército, fue jefe de la sección Justicia de la VI Brigada de Infantería de Montaña de Neuquén antes de ser designado al Juzgado Federal de Primera Instancia de Neuquén. Ortiz, por su parte, era secretario de ese juzgado cuando fue nombrado fiscal federal.

La instrucción de esta causa lleva más de 10 años, y Natalia Hormazabal destaca que es la primera vez en la región que personas que ocuparon cargos importantes en la justicia durante la dictadura enfrentan juicio.

El proceso incluye testimonios que indican que Duarte y Ortiz cajonearon recursos de habeas corpus presentados por familiares de detenidos y desaparecidos en aquel momento. También hay testigos que los señalan como participantes en sesiones de torturas.

Este juicio no solo busca establecer la verdad histórica sino también señalar responsabilidades individuales en un contexto de violaciones sistemáticas a los derechos humanos.