"El sistema electoral argentino ha cumplido cuatro décadas de funcionamiento ininterrumpido sin enfrentar problemas significativos de credibilidad en los resultados, a diferencia de otros países que han tenido desafíos en este aspecto. A pesar de que siempre existen áreas que se pueden mejorar, podemos afirmar que los resultados producidos por nuestro sistema electoral generalmente reflejan fielmente la voluntad del pueblo" asi lo afirmó el abogado, Máster en Derecho Electoral y miembro de la Red Mundial de Justicia Electoral Alejandro Tullio en dialogo con #NacionalCalafate.
El especialista afirmó que nuestro sistema electoral está diseñado para prevenir cualquier posibilidad de fraude y cuenta con múltiples niveles de control. Desde el inicio del proceso electoral, se establece un primer nivel de supervisión, que involucra la participación de partidos políticos en la organización electoral. Destacó que durante los últimos 13 años, ha existido una Comisión de Seguimiento de Partidos Políticos que se encarga de supervisar y recibir información sobre todos los aspectos relacionados con la organización electoral desde marzo de cada año electoral.
"Desde los inicios de nuestro sistema electoral en 1912, los partidos políticos tienen la capacidad de estar presentes en las mesas de votación, verificar la identidad de los votantes, y participar en el conteo de votos, tanto en el conteo inicial como en el conteo definitivo. Esta participación activa de los partidos políticos es fundamental, ya que permite un control cruzado de todo el proceso" resaltó Rua.
Además agregó que existe un control judicial independiente, que asegura que el proceso electoral no está bajo influencia del poder ejecutivo. El conteo definitivo, que se replica en todas las capitales de las provincias 48 horas después de cada elección, también involucra a funcionarios judiciales. Esto garantiza una separación efectiva de poderes y la participación activa de los partidos en la verificación de los resultados, lo que ha contribuido a que, en 40 años de elecciones nacionales, no se hayan presentado distorsiones que puedan asociarse con un fraude.
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