Un decreto emitido por el presidente Alberto Fernández ha marcado un paso significativo en el caso de Diego Armando Pacheco, quien sufrió una detención arbitraria en la provincia de Chubut. La administración reconoció su responsabilidad en este incidente y se comprometió a seguir una serie de recomendaciones para reparar el daño causado al afectado. La acción evitó una posible condena internacional y subraya la importancia de garantizar los derechos humanos en situaciones similares.

En mayo del año 2000, Diego Pacheco fue considerado culpable del homicidio de Hugo Vera en un terreno baldío en Sarmiento. Siendo menor de edad en ese momento, Pacheco buscó cumplir un tratamiento tutelar como parte del proceso penal. No obstante, debido a fallas en el sistema, no pudo completar dicho tratamiento y, posteriormente, fue condenado a prisión efectiva en septiembre de 2002.

A pesar de que las autoridades reconocieron que el sistema no había funcionado adecuadamente en el caso de Pacheco, la condena fue impuesta y el joven pasó casi un año en prisión.

En 2004 la Defensa Pública llevó el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que consideró que el Estado Argentino había violado el derecho a defensa de Pacheco. Lo impulsaron Hugo Barone y Jorge Benesperi, ex defensor general y actual defensor general alterno de Chubut. También hubo un fuerte rol de otro exdefensor general, Alfredo Pérez Galimberti, y del actual, Sebastián Daroca.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) analizó el caso y determinó que el Estado argentino había violado los derechos de Pacheco a una defensa adecuada y a la revisión de su condena.

Para evitar una condena internacional más severa, el presidente Alberto Fernández firmó un decreto en el cual el Estado Argentino asume su responsabilidad por la violación de derechos humanos en el caso de Pacheco. El decreto también establece la aceptación de una serie de recomendaciones para reparar el daño. Entre los firmantes del decreto se encuentran Agustín Rossi, jefe de Gabinete; Martín Soria, ministro de Justicia y Derechos Humanos; y Santiago Cafiero, canciller.

Como parte de la reparación, está previsto que un Tribunal Arbitral "ad-hoc" se constituya en septiembre para determinar la compensación monetaria que Pacheco recibirá como resultado de esta detención arbitraria. A pesar de la grave situación que vivió, Pacheco optó por renunciar a la posibilidad de que su condena sea revisada en aras de evitar ser revictimizado.

Este caso destaca la importancia de garantizar los derechos fundamentales en el sistema judicial y señala la necesidad de una protección especial para los menores en conflicto con la ley penal. El reconocimiento de responsabilidad estatal y las medidas de reparación subrayan el compromiso del Estado argentino con el respeto de los derechos humanos y la búsqueda de justicia en casos sensibles como el de Diego Pacheco.

Sobre este caso, dialogó con Radio Nacional Esquel, el ex defensor general de Chubut Hugo Barone, quien destacó el funcionamiento el Sistema Interamericano "y en cualquier tiempo".