Barcesat, abogado constitucionalista Chubut

Corte Suprema: "Estamos frente a un acto de violencia institucional"

Tres de los cuatro integrantes de la Corte Suprema de Justicia decidieron desplazar al senador oficialista Martín Doñate de su lugar en el Consejo de la Magistratura, luego de haber validado su ingreso. Cabe recordar que la toma de juramento se la había hecho el propio Horacio Rosatti en su doble rol de presidente de la Corte y del Consejo. En su lugar, ordenaron el reemplazo de Doñate por su par del PRO, Luis Juez.

Al respecto del procedimiento, el abogado constitucionalista Eduardo Barcesat, lo calificó como "un acto de nulidad absoluta. Es la misma Corte que le tomó juramento en pleno al Dr. Doñate y eso pasó a ser un derecho adquirido. No se admite de ninguna forma considerando que no hubo ningún cambio institucional que diga que ese nombramiento quebrantó la legalidad del procedimiento de designación de representante, es una intrusión en la esfera de las incumbencias propias del Senado por parte de la Corte. De hecho, lo que sí puede y debe controlar la Corte es que estén los requisitos y se haya hecho el procedimiento adecuado. Al momento que Rosatti le tomó la jura, validó los requisitos de legalidad y por lo tanto, el pronunciamiento de Juez es un dislate".

Cabe recordar que el mandato finaliza el 18 de noviembre y que Lorenzetti no acompañó la decisión: "Lo quieren nombrar a Luis Juez para ver si con eso sacan todos los nombramientos que quieren y dejan desguarnecida la verdadera función del Consejo de la Magistratura", explicó Barcesat. Para concluir el letrado aseguró que "estamos frente a un acto supraconstitucional la actual Corte Suprema lo que nos lleva a una situación de estado de excepción y hace aplicable, a mi modo de entender, lo que prescribe el artículo 36 de la Constitución Nacional sobre el deber de obediencia de supermacía constitucional que condena los actos de violencia, que no son sólo cuando hay golpe de estado sino cuando un poder del gobierno federal se apropia de las incumbencias de los otros poderes, en este caso el Ejecutivo y el Legislativo con lo que la Constitución deja de regir en la misma medida, por lo que estamos frente a un acto de violencia institucional que debe ser repudiado".