Gabriela Liguori, directora ejecutiva de Comisión Argentina para Refugiados y Migrantes (CAREF), conversó con el programa “El aire nuestro” sobre el trabajo que llevan a cabo en la frontera con respecto a la situación de los migrantes y señaló que “en La Quiaca CAREF se ocupa de todas las cuestiones vinculadas a protección, el acceso a derechos, promover el acceso a la documentación porque no está en nuestras manos y son atribuciones del Estado, y por otro lado AGRA con el apoyo de Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) brinda todo lo que tiene que ver con asistencia humanitaria (alojamiento, alimentación, etc) y los traslados a los lugares de destino los articulamos con la Cruz Roja.
También es importante saber que allí en la zona de frontera históricamente ha estado presente la Pastoral Migratoria trabajando con todo lo que tiene que ver con movilidad humana y trabajamos nosotros en articulación con ellas codo a codo, de manera mancomunada; somos un eje chico de organizaciones atendiendo diversas cuestiones que tienen que ver con la movilidad en la provincia.”
En cuanto a la migración, la directora explicó que “la verdad es que nosotros en este momento estamos atravesando un contexto muy particular y muy agudo en relación a lo que atraviesa a la movilidad humana en sí. Nuestra región, desde hace ya unos años se observa y vive, forma parte un hecho histórico e inédito que tiene que ver con la migración masiva de población que proviene de Venezuela. Ya son más de 5 millones y medio de personas que han salido de Venezuela en los últimos años y la mayoría de ellos permanece y se aloja en diferentes países de la región; este pueblo es el que se encuentra en una situación de extrema necesidad que hace que definan salir de su país en situaciones desesperantes y desesperadas. A eso debemos sumar la situación de Colombia que no cesa respecto de su conflicto armado interno y la situación de Haití.
Argentina tiene una ley de protección al refugiado donde define cuáles son los marcos de esta protección donde las personas que llegan al país porque existen fundados temores de ser perseguidas o porque vienen de lugares donde hay graves conflictos internos, violencia generalizada debido a la agresión extranjera u otras cuestiones que perturben con gravedad el orden público, tienen el derecho a solicitar protección internacional cuando se encuentran con un pie en nuestro territorio. El marco de esa ley es bien claro respecto de que se prohíbe el rechazo al ingreso por fronteras. El ingreso irregular no es un tema que vaya a ser sancionado, que se prioriza la unidad en la familia, entonces en ese sentido creo que tenemos en este momento que poder trabajar en pos de los derechos humanos y desde un enfoque de los derechos en relación a la movilidad humana incluyendo la variable del cuidado sanitario y ese es el punto, donde hoy en día quien ingresa solicitando protección internacional, además del marco de esa protección que todo lo que tiene que ver con la salud pública sea garantizado.”
Además, Ligouri hizo hincapié en las competencias del Estado y remarcó que “observamos que hemos podido trabajar en ese marco, que hay intereses garantizando ciertas lógicas. Las organizaciones de la sociedad civil somos quienes podemos entrar en este terreno y cooperar con el Estado e impulsar las acciones en este sentido pero tanto la documentación como la atención en el sector de salud sabemos que son competencias del Estado y no de las organizaciones de la sociedad civil. Cuando yo volvía hacia Buenos Aires vi que había un cartel muy bonito en el aeropuerto que dice algo así: ‘cuidar al turista es cuidar al jujeño’; pensaba que eso mismo se puede aplicar a quienes van llegando que no llegan en calidad de turistas, lo hacen en calidad de personas con múltiples necesidades si llegan a reunificarse con sus familias y lo hacen desde tránsitos terrestres muy duros y no se trata de turistas, pero sí cuidar al que llega, siempre es cuidar al jujeño también.”
