El director de Juventud tucumano, Cristian Arroyo, apoyó el pedido que hizo la Juventud Peronista que pidió al vicegobernador Osvaldo Jaldo que aparte de su cargo a la directora de Asesoría del Poder Legislativo, Gilda Pedicone de Valls por haber sido Fiscal de Estado del genocida Antonio Domingo Bussi, donde se incorporó entre mayo de 1976 y octubre de 1976, cargo que luego reasumió cuando el represor fue electo gobernador en 1995. Además, ejerció la defensa de Bussi en 1998 en el juicio político que se le inició en 1998. “No podemos permitir que ningún funcionario que haya tenido algún tipo de relación con los genocidas, con el gobierno militar, esté ocupando hoy, en democracia, algún cargo dentro de las instituciones que son públicas, y que son del Estado, y que son aquellas instituciones que defienden la democracia.

Creo que tienen toda la razón los compañeros de la Juventud Peronista, desde su presidente y todos los compañeros y compañeras que la componen. Y como director de Juventud  de Tucumán, obviamente que los apoyo y voy por el mismo criterio y su mismo camino, de que aquellos que estuvieron muy cerca de los gobiernos militares no tienen que estar en ningún estamento del Estado provincial o nacional”, argumentó en diálogo con El Equipo Nacional.