Así lo aseguró la Directora Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, Valeria Isla. Y consignó que luego de la puesta en vigencia de la Ley, “hubo mucha visibilización del derecho y por lo tanto más llamados”.

Valeria Isla es Directora Nacional de Salud Sexual y Reproductiva y se refirió en “Causas Urgentes” a la línea telefónica nacional, gratuita y confidencial de salud sexual y reproductiva, que brinda información de forma integral a toda la población.

“El 08002223444 nos permite estar en contacto con las personas de todo el país si necesitan información”, expresó.

Respecto de lo ocurrido después de la sanción de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, comentó que eso “generó mayor autonomía de las mujeres y, a la vez, permite concretar medidas de prevención con abortos más seguros interviniendo en las primeras semanas, con mayor aceptabilidad y respaldo para los equipos de salud”.

“Hubo mucha visibilización del derecho y por lo tanto más llamados”, aseguró.

En ese marco, contó que durante 2020 en pandemia, “recibimos más de 10.817 llamadas contra más de 3.722 de 2019”. Y añadió: “en enero y febrero de este año llevamos 3943 consultas sobre IVE, más que todo 2019 junto”.

Isla aclaró que “eso no significa que sean todas interrupciones pero sí consultas que son tomadas -en el caso de que así sea- por un equipo que se contacta y trabaja con los servicios provinciales y de salud para ver dónde se puede acceder a la práctica”.

Asimismo, dijo que desde que “entró en vigencia la ley hay 700 centros de salud y hospitales que brindan la prestación. Pero a su vez, 5800 que reciben el botiquín de salud Remediar con métodos anticonceptivos”.

La Directora Nacional de Salud Sexual y Reproductiva calificó a la herramienta del 0800 como “una línea joven”, ya que “el 97% de las personas que llaman tienen entre 20 y 30 años, es decir, en edades gestacionales menores a 15 semanas -plazos estipulados por la ley-”.

Además, mencionó que las consultas por obstáculos para acceder a ese derecho “depende de la provincia”, porque sabido es que existen “centros que no brindan esa intervención por distintos motivos”.

La funcionaria también afirmó que reciben “otro tipo de denuncias como las de violencia institucional”, no obstante “nuestro criterio es primero el acceso a la prestación y después la cuestión institucional”.

Para finalizar, Isla dio un ejemplo relacionado con una “objeción” presentada por farmacias en Córdoba que se negaban a vender  misoprostol y “claramente es una vulneración de derechos e incumplimiento de la ley vigente”.