La Cámara de Casación Penal, dictó una resolución firmada por los jueces Diego Barroetaveña y Daniel Petrone, con la disidencia de la jueza Ana María Figueroa, en la que entienden que el organismo ya se había expedido sobre la cuestión en 2009 y que no podía volver a hacerlo, porque lo resuelto tenía valor de “cosa juzgada”.

En aquella ocasión habían considerado que los presuntos estaqueamientos y enterramientos de soldados durante el conflicto bélico de 1982 no podían ser clasificados como delitos de lesa humanidad porque no formaban parte de un plan sistemático del Estado.

La medida benefició a Jorge Eduardo Taranto, un exsubteniente del Regimiento 5 de Paso de los Libres, a quien señalaban como partícipe de cinco hechos de torturas a los soldados Edgardo Oscar Arnoldo, Daniel Mártires González, Gustavo Andrés Nadal, Rosendo Prado y Juan de la Cruz Martins.

El fallo de Casación no fue apelado ni por la Fiscalía ni por las querellas y se consideró firme, mientras que, por ese motivo, la Corte Suprema de Justicia rechazó su revisión en 2015 y el caso fue planteado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Ahora la Cámara se expidió sobre la situación de Jorge Oscar Ferrante, quien en 1982 era oficial del Regimiento de Infantería 5 y cuya defensa planteó ser alcanzado por el precedente de Taranto.

En diálogo con Nacional, Jerónimo Guerrero Iraola, apoderado legal del CECIM Nº 5 de La Plata aseguró que "el fallo es una aberración jurídica y que representa a una justicia de castas que opera a favor de un minúsculo grupo de las fuerzas armadas."