Se trata de las conclusiones de la primera etapa de la campaña sobre Violencia Obstétrica iniciada por la diputada Adriana Díaz, las cuales se obtuvieron durante el sondeo realizado desde el 17 de febrero hasta el día 3 de marzo.

Las conclusiones de este primer sondeo explican que “los datos alcanzaron para tener un panorama general de la realidad provincial en cuanto a este tipo de violencia”. En este caso, el objetivo se cumplió con respecto a situaciones puntuales que deben ser un llamado de atención para las autoridades pertinentes en cuanto al ejercicio de la violencia obstétrica o la violencia institucional.

Las respuestas corresponden a mujeres de distintas edades. “Marcamos la atención en los altos porcentajes de reconocimientos de prácticas desaconsejadas” en la materia, sostuvo Díaz. Dijo que los datos aportados deben ayudar en la decisión y generación de políticas públicas en este sentido, y en cumplimiento de los “compromisos asumidos por el Estado en materia de salud pública y derechos humanos, particularmente sobre del derecho a una vida libre de violencias”. También que no se reconocen los derechos y de máxima, que no se está interviniendo con regulaciones y capacitaciones para que así sea”. “Hay mucho por observar, por avanzar”, enfatizó.

La campaña buscó enmarcarse en los postulados de los derechos establecidos en las leyes 25.929 (ley de parto respetado), 26.485 (para protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres), ley 26.529 (de derechos del paciente), ley 27.611  (de atención y cuidado integral de la salud durante el embarazo y la primera infancia) conocida también como el plan de los 1.000 días y la ley 26.710 (de interrupción voluntaria del embarazo).