El concejal del Frente de Todos, Walter Larrea, dijo en Radio Nacional Bahía Blanca que “ninguna persona puede desarrollar una vida digna si no tiene donde vivir”.

Él y su compañero de bancada Luis Calderaro presentaron un proyecto de ordenanza para que el Municipio de Bahía Blanca adhiera al Plan Nacional de Suelo elaborado por el ministerio de Desarrollo Territorial y Habitat de la Nación.

Fue presentado hoy en el Concejo Deliberante aunque el bloque oficialista no lo acompañó “porque entendieron que primero tenía que ir a informes del área específica del Departamento Ejecutivo”, según explicó Larrea.

En la charla con la Radio Pública, el concejal opositor dijo que la adhesión a este plan posibilita “contar con las herramientas para luego hacer programas habitacionales y que se lleven todos los servicios como gas, luz, agua, presencia sanitaria, presencia escolar, transporte…”.

La ordenanza prevé:

-Que todo inmueble baldío, en estado de abandono, podrá ser, previo el dictado de edictos en un diario local y de notificación al último domicilio declarado por el titular de dominio en el Municipio, denunciado como vacante o bien cercado y custodiado por la Municipalidad.

-Cumplido lo establecido en el inciso anterior, autorícese al departamento Ejecutivo a tomar posesión animus domini para cumplimentar con el procedimiento de adquisición del dominio previsto en la Ley n° 24.320.

-Se facultará al Departamento Ejecutivo a suscribir convenio con el Consejo de Agrimensores con el objetivo de tramitar y aprobar los planos de mensura correspondientes para cumplimentar los requisitos para operar la prescripción administrativa.

“No se puede mirar para otro lado a la hora de planificar ciudades justas”, agregó Larrea. Y dijo además que tiene un pedido de informes al Ejecutivo con el fin de hacer un catálogo de macizos ya sean fiscales como privados.

“Puede haber articulación entre los 2 sectores. Incluso los privados que tengan un espacio ocioso lo podrían comercializar.

“La propiedad privada debe ser mirada desde un costado social. No hay titularidades exclusivas y absolutas. Es parte del contrato que todos firmamos cuando decidimos vivir en una ciudad. Se trata de un debate de cuál es el rol del Estado. Y el suelo urbano no puede quedar sólo en manos del mercado porque cuando queda sólo en manos del mercado, los que siempre pierden son los sectores de menores recursos”.

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