La norma plantea la necesidad del relevamiento territorial de los productores  sean criollas o mapuches para comenzar a regularizar la posesión de la tierra.

También genera incentivos a los instituciones del estado provincial para que la agricultura familiar tenga prioridad a la hora de las compras del Estado.

El tercer punto importante de la ley es la definición y diseño de políticas públicas para el acceso a los mercados formales de los productos de agricultura familiar, para generar valor agregado en la provincia.

En diálogo con Nacional, Santiago Arizu, integrante del Movimiento de Trabajadores Excluídos de la UTEP, describió la importancia de realizar un relevamiento de los productores que desarrollan la agricultura familiar.