El presidente Alberto Fernández avaló el pasado lunes que presos comunes, que integren grupos de riesgo de contagio de covid-19, accedan al beneficio de la prisión domiciliaria.

El fiscal Federal en la provincia, Federico Surueta, se refirió a la medida como “excepcional,  para lo cual se revisó caso por caso, evaluando además, que ésta decisión no constituya ningún riesgo para la familia del condenado, ni para el propio preso”.

Para sostener su posición, sobre la morigeración de las condiciones de detención, el fiscal explicó que “Los actores judiciales no podemos negar la critica situación carcelaria del país, con edificios que tienen una población mayor a su capacidad;  un distanciamiento dentro del Servicio Penitenciario es hoy por hoy imposible”.