La solicitud buscar generar una alternativa para evitar el desalojo de familias, restituir el inmueble a sus dueños y lograr una solución habitacional de urgencia.

El proyecto ya había sido presentado en 2019 en calidad de borrador al Deliberante para lograr una alternativa de plazo improrrogable para evitar el desamparo de familias con menores convivientes, bajo extremo de desahucio o relocalización por riesgo geológico inminente.

Se entiende por desahucio toda tramitación o procedimiento judicial que tenga por objeto que los ocupantes de un inmueble urbano o rural en calidad de locatarios o de poseedores precarios y vencidos en juicio, desocupen y restituyan el bien inmueble a quien tiene derecho a él.

El proyecto apunta a una solución inmediata, pero transitoria ante el desamparo de las familias, por lo que no es una solución habitacional definitiva y es por ello que no se incluye al Instituto de Vivienda y Hábitat como autoridad de aplicación y administración.

La Defensoría del Pueblo y del Ambiente realizó el pedido junto a la convocatoria urgente para formar el Consejo Asesor del Instituto de Vivienda y Hábitat que se creó en 2012 y nunca fue conformado.

La convocatoria fue solicitada al Instituto de Vivienda y Hábitat con copia a la Comisión de Viviendas del Concejo Deliberante y señala entre otros párrafos que “con independencia de la gestión en curso y el signo político que la distingue, las críticas y sospechas respecto de los procesos de adjudicación de viviendas han sido frecuentes en distintos períodos de gobierno. Aún cuando tales cuestionamientos pudieran ser infundados, lo cierto es que su sola existencia pone en tensión el funcionamiento de la administración en materia tan sensible”.

Fernando Bravo, Defensor del Pueblo y el Ambiente de San Martín de los Andes, en diálogo con Nacional dio más detalles de las presentaciones.